La crisis económica marca el otoño más caliente: las asiganturas del Gobierno
La sentencia sobre el Estatut, los Presupuestos de 2010 o la huelga de jueces, entre los retos del nuevo curso.
Andrés Bartolomé | LARAZON.ES
Pocos comienzos de curso político tan ajetreados habrán aguardado a la vuelta del verano como el que se presenta este mes de septiembre –y las semanas sucesivas– para el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El principio de temporada será complejo para el Gobierno en múltiples frentes. Asuntos como las escuchas al PP, la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, la superación de las tensiones autonómicas para poder aprobar los Presupuestos de 2010, la búsqueda de apoyos para la Presidencia de la Unión Europea, el controvertido desarrollo de la Ley del Aborto, la huelga de jueces o el inicio del curso escolar con la amenaza de propagación de la gripe A prometen jornadas calientes este otoño.
- La estabilidad misma del Ejecutivo está en entredicho, con el agravante de una remodelación, el pasado mes de abril, que no ha dado los frutos deseados. Especialmente estériles han resultado la llegada de Manuel Chaves a la Vicepresidencia de Política Territorial y de Elena Salgado a la cartera de Economía. Así lo demuestran el retraso en la negociación de la financiación municipal, empantanada hasta 2011, o la nula capacidad de respuesta a la situación de crisis económica. De los «brotes verdes» ni hay noticia ni se les espera a medio plazo. La última medida contra la recesión, anunciada por el propio Zapatero, ha sido una subida de impuestos maquillada como «temporal» y que no ha gustado nada en las filas de PP y CiU.
-Además, las leyes pendientes de aprobación en el Congreso pueden quedarse sin mayoría suficiente para salir adelante por falta de apoyos en el enrarecido ambiente parlamentario que se vislumbra tras el paréntesis vacacional. Y ello después de que, como advirtió el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, el Ejecutivo haya cambiado la financiación autonómica para «comprar los votos que necesitaba» y garantizarse apoyos en la Cámara Baja.
El presidente del Gobierno evitó así comparecer en julio en un pleno monográfico sobre la crisis con el apoyo de las fuerzas de izquierda, pero sólo lo retrasó hasta la primera quincena de septiembre.
- En este contexto, el Ejecutivo debe superar las tensiones entre autonomías para poder aprobar los Presupuestos de 2010, que Solbes sacó adelante con el BNG y el PNV. Salgado espera contar también con ERC e IU-ICV.
Ahora, con el PNV juramentado contra el PSOE tras haber sido desalojado de Ajuria Enea, el pacto con los catalanes debe superar una prueba determinante con la sentencia sobre el Estatut.
- Después de tres años, el Tribunal Constitucional va a emitir su fallo sobre los siete recursos interpuestos contra el Estatut de Cataluña. Si la sentencia fuera desfavorable, la situación se complicaría con los partidos nacionalistas. Una decisión en contra podría desembocar en una grave crisis política, según los portavoces de CiU, ERC e ICV en el Congreso, o en una «crisis de Estado», según el presidente del Parlament catalán, Ernest Benach, y podría alentar a los nacionalistas a deslegitimar al Constitucional o cuestionar su papel. El desenlace está cerca, pero es previsible que los independentistas aprovechen la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, para mostrar su desacuerdo con un fallo que aún no se habrá producido.
- Mientras, los populares llevarán, el día 9, a la primera sesión de control en el Congreso, las comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Mariano Rajoy ha advertido de que la vicepresidenta debe explicar por qué anunció desde Suramérica que la Fiscalía recurriría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que absolvía al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, mientras que Rubalcaba tendrá que aclarar el «trato diferente» a los políticos del PP.
Sobre las escuchas a miembros de su partido, el líder del PP insistía estos días en que «hay un trato diferente a distintos grupos políticos». «Se publican informaciones bajo secreto de sumario y el PP quiere explicaciones», ha dicho al respecto.
- Otro frente abierto que el Gobierno quiere sortear a toda costa es la amenaza de la huelga de jueces, el próximo 8 de octubre. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, detuvo el paro previsto para el pasado 26 de junio. Pero el margen de confianza se ha agotado entre los togados, que quieren que se determine su carga de trabajo razonable; que se cuantifique el número de unidades judiciales que se necesitan realmente y se atiendan sus exigencias retributivas. Una reunión el próximo 22 de septiembre será decisiva.
- El reinicio de la actividad también se antoja complicado en el Senado, pendiente de una renovación que lo convierta en «una auténtica Cámara territorial», en palabras del presidente del Gobierno. Mientras llega ese momento, la Cámara Alta debe dar respuesta al suplicatorio que, el pasado 5 de agosto, elevó el Tribunal Supremo para poder investigar al senador del PP por Cantabria Luis Bárcenas, imputado en el «caso Gürtel». Según el artículo 22 de su reglamento, los senadores no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado. A partir de mañana, la Cámara dispondrá de 60 días naturales para tomar una decisión.
- Más a largo plazo aguarda la Presidencia española de la Unión Europea. Una responsabilidad que se adoptará por cuarta vez el 1 de enero con dos retos fundamentales: la lucha contra la crisis y la puesta en marcha del Tratado de Lisboa. Está por ver si el Gobierno contará con la colaboración del PP, que ha pedido una agenda concreta con los temas que centrarán el mandato de España.