jueves, 26 de marzo de 2009

El Gobierno rechaza las prerregatas de la Copa América por las "abusivas" exigencias de ACM

La organización pide 20 millones de canon y que en el puerto sólo puedan anunciarse sus marcas

lasprovincias.es J. BATISTA | VALENCIA
Se presentía consenso pero el ambiente se podía cortar un cuchillo. La primera reunión del consejo del Consorcio Valencia 2007, más de un año después de la última, sirvió para mostrar el absoluto desencuentro entre las Administraciones implicadas, con el Gobierno por un lado y la Generalitat y el Ayuntamiento por el otro. La principal discrepancia fue el contrato que ha ofrecido ACM, la empresa que organiza la Copa América, donde se establecen las condiciones para celebrar dos prerregatas, una en julio y otra en octubre.

Tal y como explicó la ministra Elena Salgado, vicepresidenta de la entidad, el Gobierno no está dispuesto asumir las condiciones que pretende la empresa suiza, que calificó de "abusivas" y exorbitantes", e incluso citó algunas de las cláusulas planteadas, como el pago de un canon de 20 millones de euros por las dos pruebas, la obligatoriedad de los restaurantes y demás servicios de abonar un 15% de ingresos a la organización, o que sólo puedan anunciarse sus marcas en el recinto portuario durante la competicón.

"El modelo de contrato de ACM tiene cuestiones que no son fáciles de aceptar", dijo Salgado. Algunos de estos requisitos ya estaban vigentes durante la 32 edición de la prueba, aunque el argumento que esgrimía Salgado ayer era que las dos prerregatas previstas no están ligadas a la celebración de la 33 edición, por lo que al no ser eventos comparables no se pueden plantear exigencias semejantes.

Pese a la primera negativa, la ministra mostró la voluntad del Ejecutivo de Zapatero de apoyar las regatas o incluso negociar, pero destacó que las Administraciones no pueden posicionarse por ninguna de las partes en el litigio entre BMW y Alinghi, que es lo que supondría aceptar el contrato de ACM.

Una de las opciones que aceptaría el Gobierno sería que el pago de ese canon supusiera un adelanto del dinero total que deberán abonar las Administraciones para la celebración de la 33 edición en Valencia, de fecha indeterminada. Salgado insinuó la posibilidad de esperar a la sentencia, que puede llegar en los próximos días.

En este punto se produjo una confusión, ya que desde el Ayuntamiento se argumentaba que precisamente los 20 millones serían un adelanto del total, que se establecería una vez finalizado el pleito.

Tras la comparecencia de prensa de Salgado le llegó el turno a Rita Barberá, presidenta del Consorcio. Fue una muestra más de la distancia entre las Administraciones. Lo primero que destacó la alcaldesa de Valencia es que la ciudad tendrá las prerregatas, y dijo que aunque fuera necesario se negociaría de espaldas al Gobierno y serían ellos los que asumieran el contrato.

Barberá negó que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat aceptaran las condiciones planteadas, como aseguró la ministra, aunque destacaron la necesidad de llegar a un acuerdo por el beneficioso impacto económico que supondrían las regatas en la ciudad. "El Gobierno no va a pagar nada porque le parece exorbitante, pero puedo anunciar a los valencianos y especialmente a los sectores económicos que tanto lo esperan que el Ayuntamiento y la Generalitat harán las regatas", dijo. Además, señaló que el único interés del Gobierno es recuperar el dinero del crédito concedido para acometer las instalaciones de la Copa América.

Barberá avanzó que "de manera inmediata" se sentarán con la empresa suiza para cerrar las condiciones y el canon para la celebración de las regatas de este año. De hecho, el concejal de Deportes Cristóbal Grau, apuntó que las críticas del Gobierno al contrato son las anotaciones que transmitió el gobierno municipal al Ejecutivo de Zapatero días atrás, como punto de partida de la negociación, por lo que dijo que el Estado no tenía ayer ninguna intención de iniciar un acercamiento a ACM.

Otro de los puntos del orden del día, en el que tampoco hubo acuerdo, fue la petición del Ayuntamiento y la Generalitat de eximir a Valmor Sports, organizadora de la F-1, del pago del canon de los próximos seis Grandes Premios. En este caso, también el Gobierno puso condiciones, como que sea la citada empresa la que se encargue de reponer los desperfectos que cause la celebración de la prueba, así como minimizar al máximo la ocupación de la instalaciones portuarias, que debería limitarse a 11 días. Será otro de los flecos pendientes de negociación.

Donde sí hubo acuerdo fue en la ampliación de competencias de una comisión delegada que permita tomar decisiones, con el objetivo de agilizar la adjudicación de los servicios, como los restaurantes.