La telefonía móvil disparará su precio si cargan a las operadoras las tasas municipales y de TVE

Las operadoras de telefonía están cada vez más acorraladas. Cada día les llega una nueva tasa a la que hacer frente y que mengua sus arcas. El 0,9% de sus ingresos para la financiación de televisión española, otro 1,5% de su facturación que le reclaman los Ayuntamientos valencianos a través de una nueva ordenanza, más el resto de gastos.
Una guerra recién iniciada que tendrá como perdedores a los únicos que no participan en ella, los ciudadanos. Las compañías ya han amenazado con subir sus tarifas a los usuarios si tienen que afrontar estas tasas, especialmente la de TVE. Y es que sólo está supondrá un gasto de 300 millones de euros en el próximo ejercicio, a los que hay que añadir los 825 millones a los que el sector ya hace frente con otros impuestos especiales.
Sólo hay una conclusión. El conflicto abierto en los tribunales entre las operadoras de telefonía móvil frente a los Ayuntamientos de la Comunitat y el más que probable con el Gobierno central repercutirá, de uno u otro modo, en los bolsillos de los ciudadanos. Si los Consistorios insisten en cobrar las tasas millonarias que ahora están requiriendo, a las compañías no les quedará más remedio que aumentar las tarifas o, en su defecto, ofrecer menos servicios para reducir sus costes.
La guerra no ha hecho más que comenzar. A la medida del Ejecutivo se suma el manual de los Ayuntamientos para salir de la crisis, que incluye una serie de medidas para paliar su pérdida de ingresos, fundamentalmente por el brusco descenso de la construcción.
Una de estas alternativas, contemplada en un libro publicado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), es la de gravar a las operadoras de telefonía móvil cuando éstas utilicen las redes fijas, antenas y espacio radioeléctrico de los municipios. La iniciativa, que supone en muchos casos la petición de cifras millonarias, está aplicándose y ha terminado por acorralar a las compañías.
La respuesta ha sido contundente. Los recursos contencioso-administrativos interpuestos por estas compañías ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han sido una constante y, según aseguraron fuentes del sector, seguirán haciendo lo mismo "en cada una de las poblaciones donde se apruebe y aplique esta ordenanza".
La creación de esta nueva tasa municipal ha causado malestar entre las operadoras, que justifican sus recursos a la ordenanza basándose en el artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales, que recoge textualmente que las compañías de telefonía móvil están exentas de pagar esta cantidad por este concepto.
Además, añadieron fuentes del sector, "a las operadoras no se les puede volver a cobrar por el uso del espacio radioeléctrico porque este está gestionado por el Estado y el Gobierno ya aplica una tasa a las compañías de telefonía por su utilización". Así, argumentaron que la tasa que están aplicando algunos Ayuntamientos valencianos les cobra "por algo que ya pagamos".
Iniciativa para recaudar
Pero la iniciativa de los Consistorios es firme. Valencia, Mislata, Chiva, Enguera, Ondara o la Vall d'Uxó, entre otros, ya han aplicado la ordenanza, que está recurrida en el TSJCV. Y otros como Dénia, Gandia, Burriana, Torrent, Benifaió, Sagunto, Teulada, Benissa o Paiporta también han puesto en marcha, o lo harán breve, esta misma ordenanza fiscal.
En todos los casos se pretende cobrar el 1,5% del total de la facturación de cada operadora. Las cifras cambian en función de la ciudad. Así, en Valencia esperan recaudar cinco millones, en Chiva 55.000 euros, en Gandia y Torrent 500.000 y en Dénia más de 400.000.
Unas cifras millonarias que las operadoras no están dispuestas a pagar, y para ello llegarán donde haga falta. En Valencia recurrirán hasta el Supremo la aplicación de esta ordenanza y en Chiva ya está recurrida ante el TSJCV. Algo que seguirán haciendo Vodafone, Telefónica Movistar y France Telecom (Orange) allí donde se aplique.
Uno de los últimos casos en aprobar esta ordenanza es la Vall d'Uixó (Castellón). El pleno, siguiendo la recomendación de la FMVP, dio luz verde a esta tasa. El concejal de urbanismo, Oscar Clavell, señaló que las instalaciones "han de pagar sus impuestos municipales como cualquier otra", y calculó que se recaudarán "unos 200.000 euros anuales por este concepto".
En cualquier caso, el actual conflicto no ha hecho más que recrudecer una situación ya en tensión. Las operadoras creen que son objeto de "un abuso" tributario al gravarles dos veces por el mismo concepto, el uso del espacio radioeléctrico por el que ya pagaron 240 millones de euros en 2006 y que ahora los Consistorios quieren volver a cobrarles.